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Colegio de Profesores rechaza proyecto de ley sobre nueva administración de colegios municipales


En visita a la Ministra de Educación (ver más abajo), los directivos del Colegio de Profesores manifestaron su rechazo a este proyecto de ley, que también ha sido objetado por los representantes de los alcaldes. La información entregada por el gremio del magisterio es la siguiente.
Jaime Gajardo, Presidente Colegio de Profesores de Chile, dijo que “nosotros hemos expuesto nuestro parecer sobre el proyecto de educación pública que despachó el Ejecutivo, valorando que haya siendo franca la Ministra al decir los puntos que ellos consideran de este Proyecto de Ley, y nosotros le señalamos cual es nuestra posición”.
Gajardo asistió a la reunión con los miembros del Directorio Nacional Olimpia Riveros, Verónica Monsalve, Luis Hernández, Hernán Gonzáles, Francisco Seguel, Mario Aguilar, Sergio Gajardo, Luis Madariaga y Osvaldo Verdugo.
“Le dijimos que este proyecto de ley no establece la educación pública en nuestro país y además tiene algunas fallas fundamentales” manifestó Gajardo y agregó: “una es que la forma de administración de las escuelas se mantiene casi igual que la figura de la municipalización, porque quienes van a estar en el directorio de las Corporaciones Locales de Educación son los alcaldes y siempre estarán en mayoría por sobre los representantes del ministerio, esa es una municipalización con otra fachada”.
“En cuanto al financiamiento, se mantiene la asistencia media mensual, una modalidad que ha sido criticada y que perjudica a los más pobres, es una forma de financiamiento que no puede continuar, pues el pago de la subvención los mide a todos por igual, cuando las realidades son muy diversas” explicó Gajardo.
El Presidente del Magisterio recordó que “a medida que más falta al alumno menos subvención va al colegio y donde más se falta a clases es en los sectores pobres. Tiene que haber un sistema de financiamiento que sea distinta y donde haya una atención preferencial del Estado, es decir, la educación pública tiene que tener una atención especial”.
Gajardo manifestó que le dejaron claro a la Ministra que “vamos a ir en una batalla al parlamento, vamos a entregar nuestras indicaciones, vamos a proponer debate, porque es fundamental en nuestro país articular la educación pública, que sea la base de un nuevo sistema educativo que se requiere para el país”.
En tanto, para la Ministra de Educación, el debate y perfeccionamiento del proyecto sobre el fortalecimiento de la Educación Pública debe ahora centrarse en el Congreso Nacional, “deben valorizar que exista un proyecto y luego lo podremos perfeccionar. No es ningún maquillaje, es un proyecto serio, responsable y que podrá ser perfeccionable como todo este tipo de iniciativas. Por lo menos están las bases para poder tener una inteligente y profunda discusión. Eso es lo que hay que valorar”, explicó la Ministra tras la reunión.
Mónica Jiménez destacó que “nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. Pasamos conversando con todos los sectores porque todos los actores son importantes. Las puertas de este ministerio están siempre abiertas”.
Por su parte, Gajardo manifestó que: “tal como está hoy día este proyecto de ley concita nuestro rechazo, vamos buscar todas las formas de expresar esto en debates, seminarios, asambleas y en el futuro nos vamos a movilizar” y explicó que “seguiremos tomando como bandera la educación pública, hay que recuperarla porque esa es la forma para superar la crisis de la educación”.
Sobre el Proyecto de Ley General de Educación Pública, LGE, cuyas indicaciones comienzan a debatirse en el Senado este lunes 05 de enero, Gajardo manifestó que “nuestro departamento jurídico va a enviar unas 200 indicaciones que ponemos a disposición de los senadores para que ellos las planteen en este debate. Eso no es el único medio para terminar el tema, es clave que no se apruebe este proyecto LGE en enero, que se espere a marzo para que se pueda dar una respuesta de los actores sociales”.
“Se debe continuar con el debate, ojalá se recojan las indicaciones y que la LGE sea legitimada con la gente, respaldada por el mundo civil, de ahí que creemos que no seria oportuno que se aprobara esto en enero” sintetizó Gajardo.
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Por su lado, la Ministra de Educación valoró el diálogo con los directivos del Colegio.
El sitio del MINEDUC se refiere al encuentro entre éstos y la Ministra de Educación en los siguientes términos.
La secretaria de Estado se reunió con la directiva del gremio para tratar las iniciativas que se impulsarán en el futuro y los distintos proyectos que hoy están en el Congreso Nacional.
Con anterioridad, la titular de Educación recibió a la Diputada Carolina Tohá para analizar propuestas centradas en perfeccionar los mecanismos de admisión en la Educación Superior y potenciar el ciclo de la Educación Media.
“El Colegio de Profesores se mostró muy gustoso de poder seguir conversando. Los temas sobre Educación Pública son, en principio, los más importantes para ellos. Luego están aquellos que nosotros queremos impulsar el próximo año y que están relacionados a la Carrera Docente y a cómo logramos que la escuela sea efectiva para que se logren los aprendizajes de los alumnos en todas las dimensiones (cognitivos, conductuales y de convivencia)”, señaló luego de la cita la personera de Gobierno.
La máxima autoridad de la Educación hizo un llamado a valorar que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sea el único que en las últimas décadas ha presentado un proyecto relativo a fortalecer la Educación Pública del país.
“Deben valorizar que exista un proyecto y luego lo podremos perfeccionar. No es ningún maquillaje, es un proyecto serio, responsable y que podrá ser perfeccionable como todo este tipo de iniciativas. Por lo menos están las bases para poder tener una inteligente y profunda discusión. Eso es lo que hay que valorar”, explicó Jiménez.
Para la ministra de Educación, el debate y perfeccionamiento del proyecto sobre el fortalecimiento de la Educación Pública debe ahora centrarse en el Congreso Nacional.
“El mecanismo democrático es que el Ejecutivo escucha, toma una posición y elabora un proyecto. Eso fue lo que nosotros hicimos. Escuchamos lo que dijo la Comisión de Educación, también lo que indicó la Universidad de Chile a través de su investigación, sumado a lo que manifestaron los expertos en educación y el Colegio de Profesores. También hicimos diálogos ciudadanos en todas las regiones en los que escuchamos a más de 7 mil personas. Todo eso lo procesamos y elaboramos un proyecto. Luego el Ejecutivo lo presentó al Parlamento y el debate continúa ahí. Por un lado lo debaten los propios parlamentarios y, por otro, se realizan audiencias públicas en las que se pueden inscribir todos. Lo más probable es que el Colegio de Profesores estará en esa instancia. Eso es parte de un proceso legislativo en un país democrático”, manifestó la autoridad ministerial.
Mónica Jiménez destacó que “nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. Pasamos conversando con todos los sectores porque todos los actores son importantes. Las puertas de este ministerio están siempre abiertas”.

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Tradiciones renovadas

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Columna de opinión aparecida hoy en la sección Educación del diario El Mercurio.
Domingo 17 de febrero de 2008
Tradiciones renovadas Pese a su larga historia, las universidades europeas siguen teniendo una vitalidad que las instituciones chilenas debieran mirar con atención.
Vestidos con sus togas y birretes, los catedráticos caminan hacia Pieterskerk, la principal y antigua iglesia de la ciudad. Ya instalados en la austera nave central, el rector magnificus abre la solemne sesión, informando al claustro y la comunidad presentes -en este dies natalis (aniversario) número 433- sobre los progresos de la institución. Sólo su imagen en las pantallas electrónicas recuerda el presente.
¿Dónde estamos? En la Universidad de Leiden, Holanda, una de las 100 mejores del mundo según el Academic World Ranking of Universities. Fundada el año 1575, fue ofrecida al pueblo de Leiden por Guillermo de Orange como una entre dos opciones (la otra era abolir los impuestos de la ciudad), en reconocimiento de su resistencia frente al asedio español. El pueblo eligió tener una universidad.
Su tamaño actual es modesto: 18 mil alumnos. En cambio, edificios, bibliotecas y laboratorios, así como el presupuesto anual (420 millones de euros en 2007), son cuantiosos. Anualmente, mil estudiantes se gradúan en más de 50 bachilleratos (3 años de duración), cerca de mil en programas de maestría (1 o 2 años de duración) y 1.200 en el nivel de doctorado (5 veces más que el total de graduados doctores en Chile).
¿De qué informa el rector a su audiencia? Sobre todo, de los avances logrados en el campo de la investigación. Efectivamente, cualquier institución considerada “top 100” es, ante todo, una research university: una urdimbre de institutos, centros y programas disciplinarios e interdisciplinarios de investigación.
Aquí existen decenas y cubren una variedad de asuntos: instituto del cerebro y la cognición; identidades étnicas y religiones de las poblaciones inmigrantes; ciencias del medio ambiente; idiomas menores en riesgo de extinción; medicina regenerativa; estudios del niño y la familia; países del este asiático; análisis de los materiales empleados por la pintura holandesa de los siglos XV al XVII; LURIS, la oficina de transferencia tecnológica, etcétera.
Durante la ceremonia, las asociaciones estudiantiles premian también al mejor profesor del año 2007. Mientras la presidenta de los alumnos reconoce los méritos del profesor laureado, se revela el distendido clima característico de esta universidad. En efecto, docentes y alumnos se trasladan en bicicleta, visten sin formalidad, trabajan habitualmente en pequeños grupos y comparten el mismo casino universitario.
Nada evoca aquí esos otros ambientes académicos donde la falta de densidad cultural se compensa con ritualismo burocrático, la ausencia de tradiciones con mitos institucionales y la falta de innovación con aparatosas posturas de sujeción a la última moda.
En fin, no es cierto que la vieja Europa esté condenada a transformarse en el museo de la humanidad. Aún tienen vitalidad sus universidades, que han aprendido a renovar sus tradiciones y a innovar.
José Joaquín Brunner
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© El Mercurio S.A.P


Discusiones zombies: universidades estatales versus privadas

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Columna de opinión publicada en la sección Educación de El Mercurio, domingo 27 enero 2008.
Texto completo a continuación
Discusiones zombies: universidades estatales versus privadas
No existe una clara distinción entre lo que es un plantel público y uno particular, por lo que la discusión sobre cuál tipo de institución es mejor es, por completo, estéril.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
Durante las últimas semanas presenciamos un debate sobre si las universidades estatales o las privadas son mejores. Puesta así la cuestión, los resultados son previsibles. Conducen nada más que a reafirmar los estereotipos que existen a uno y otro lado de la divisoria que separa las aguas públicas y privadas.
Los defensores del modelo estatal proclaman las supuestas virtudes de sus instituciones: vocación pública, una cultura pluralista, mayor complejidad organizacional y reglas de acceso no discriminatorias. Y atribuyen a sus competidoras privadas una suma de males: neta orientación de negocios, compromiso confesional o con intereses particulares, baja calidad docente, abandono de la investigación, etc.
Al revés, los partidarios del modelo privado denuncian a las instituciones rivales como atrapadas por un burocratismo estéril, ineficientes y capturadas por intereses corporativos, al mismo tiempo que pregonan la superioridad de sus propias instituciones: bien gestionadas, eficientes, innovativas y más sensibles a las demandas de la sociedad.
En estos términos, la discusión no lleva a ninguna parte porque está mal planteada. En efecto, igual como en Chile hay múltiples formas de universidades estatales -altamente selectivas algunas y otras orientadas al mercado no-selectivo, con acceso abierto o socialmente discriminatorio, burocratizadas o emprendedoras, fuertes o débiles en los negocios de conocimiento, etc.-, hay también diferentes modalidades de universidades privadas: confesionales y no confesionales, pluralistas o comprometidas con una misión particular, con o sin fines de lucro, dirigidas a la formación de élites o de vocación masiva, etc.
Ni siquiera en el terreno de los tipos ideales existe hoy una nítida distinción entre uno y otro tipo de universidad. Hay numerosas universidades estatales alrededor del mundo que, como las chilenas, dependen del financiamiento privado; compiten por alumnos, académicos y prestigio; se administran crecientemente como empresas; deben vender servicios y cuidar la línea final de su balance; se hallan sujetas a evaluaciones externas y rinden cuentas ante gobiernos que les exigen eficiencia, productividad y cumplir estrictas metas de desempeño.
A su turno, hay numerosas universidades privadas en el mundo que -lejos de lo postulado por su tipo ideal- crecientemente asumen una misión pública, a veces reciben apoyo fiscal, desarrollan tareas de investigación, protegen la libertad de enseñanza, sirven también a estudiantes con escasos recursos, y son reconocidas como interlocutoras a la hora de diseñar las políticas para este sector.
En suma, las etiquetas de “estatal” y “privada” dicen poco ya sobre la naturaleza, el carácter, la organización y las funciones de una universidad. Más bien, estos rótulos operan como categorías zombies: muertas hace rato, andan todavía por ahí como autómatas creados por nuestra propia nostalgia. Insistir en estas categorías sólo nos lleva a sostener discusiones zombies.
© El Mercurio S.A.P
Recursos asociados
Coloquio sobre la marcha de la educación superior en Chile, 24 enero 2008
Sociología de un mito educacional, 31 diciembre 2007
Las preguntas que deja la UTEM, 28 diciembre 2007


Las preguntas que deja la UTEM

lt.jpg Columna de opinión sobre el affaire Universidad Tecnológica Metroplolitana (UTEM) – crimanlística publicada en el diario La Tercera, viernes 28 diciembre 2007.
Texto completo más abajo
Recursos asociados
Chile: La UTEM y el asunto de la oferta de vacantes en el área de estudios de criminalística (Reflexiones, comentarios y registro de la prensa día a día)

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¿Es “histórico” el acuerdo educacional?

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Columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, domingo 18 noviembre 2007
¿Es “histórico” el acuerdo educacional?
Transcurridos apenas unos días desde la suscripción del acuerdo educacional, afloran ya los primeros malentendidos. El mayor de ellos, sin duda, es creer que el acuerdo, por sí solo, es “histórico”. No lo es, pero podría llegar a serlo. Para ello deben reunirse varias condiciones.
Primero, las leyes que a partir de él se aprueben deberían obtener un nivel similar de consenso. Segundo, su reglamentación deberá reflejar fielmente no sólo la letra, sino el espíritu del acuerdo. Tercero, la institucionalidad que resulte de este proceso -el nuevo Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia, más la reforma del Ministerio de Educación- necesitará dotarse de personal de calidad y recursos suficientes. Cuarto, las medidas ya acordadas requieren acompañarse, a la brevedad, con las piezas faltantes. Dos a lo menos son esenciales para culminar esta nueva fase de reformas. Por lo pronto, un sustancial incremento de la subvención escolar, cuyo monto debería fijarse en adelante diferenciadamente según las necesidades de diversos grupos de alumnos.
Enseguida, el cambio del modelo de gestión de las escuelas municipales, incluyendo la necesaria flexibilización del estatuto docente, la revisión y puesta al día de los métodos de evaluación del desempeño de los profesores, y el aumento de sus remuneraciones.
Una vez logrados cada uno de estos objetivos, o mejor durante el proceso que conduce a su cumplimiento, se requiere añadir dos condiciones esenciales más para que el acuerdo llegue a producir efectos “históricos”.
Por un lado, las facultades y escuelas de pedagogía deben comprometerse a revisar, mejorar y acreditar sus programas de formación de profesores para la enseñanza básica y media con estándares exigentes. Aquí cabe valorar el rigor con el cual ha actuado la U. de Santiago (Usach), ejemplo que sin duda necesitarían seguir otras universidades.
Por el otro, los colegios subvencionados -municipales y privados, con y sin fines de lucro, y cualquiera sea su proyecto educativo- deben alcanzar, dentro del nuevo marco institucional y según las reglas de juego que imperarán de ahora en adelante, niveles superiores de rendimiento y logro de sus alumnos, especialmente los que provienen de los hogares de menores recursos y capital cultural.
En realidad, este último es el aspecto clave que permitirá medir el alcance de los cambios desencadenados por el acuerdo. Si éstos no llegan hasta la sala de clase, ni se traducen en innovaciones pedagógicas valiosas, ni mejoran la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces el acuerdo no podrá pasar el exigente examen de los hechos históricos.
Para evitar que esto ocurra hay que ponerse a trabajar ahora en todos los frentes señalados, de manera de completar las condiciones imprescindibles para coronar con éxito un acuerdo que, por ahora, haríamos bien en calificar como una esperanzadora promesa. No es poco para empezar.
Las medidas ya acordadas requieren acompañarse, a la brevedad, con las piezas faltantes: un sustancial incremento de la subvención y el cambio del modelo de gestión de las escuelas municipales.
Recursos asociados
Acuerdo educacional: ahora sí, 14 noviembre 2007
Acuerdo educacional: ¿sí o no?, 14 noviembre 2007


Educación: del acuerdo a la práctica

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Columna de opinión publicada en el diario La Tercera, 14 noviembre 2007
Educación: del acuerdo a la práctica
Finalmente tenemos un Acuerdo educacional. El amplio consenso allí expresado para modernizar el sistema escolar es un hecho trascendental. Representa, en su mejor momento, la capacidad de los grupos dirigentes para conciliar posiciones e intereses divergentes, subordinándolos a un objetivo común: mejorar la calidad de nuestra educación. Significa recuperar el valor de las políticas de Estado. Y reconocer que la colaboración es más productiva que la confrontación y la imposición de puntos de vista excluyentes.
Para la educación, este Acuerdo es esencial. Por lo pronto, permite renovar y ampliar las bases de legitimidad sobre las cuales ella se sustenta. En efecto, este convenio suprapartidista fortalecerá la provisión mixta –pública y privada– de la enseñanza obligatoria y la pluralidad de sus proveedores; exigirá a éstos responsabilidad por los resultados que obtengan; otorgará transparencia al sistema y consagrará la autonomía de las escuelas para gestionar, cada una, su propio proyecto educativo. Al mismo tiempo perfeccionará el régimen curricular común y lo dotará de estándares de aprendizaje más exigentes; redefinirá los ciclos de enseñanza y evitará que, en adelante, la selección se utilice para segregar tempranamente a los alumnos según su origen socio-económico y cultural.
De todos los elementos incorporados a este Acuerdo, el de mayor impacto potencial es aquel que busca reorganizar la dirección superior del sistema escolar. Ésta quedará conformada ahora por una autoridad curricular independiente, radicada en el Consejo Nacional de Educación; por una agencia encargada de evaluar la calidad de la educación, pieza clave del nuevo diseño, y por una superintendencia que velará por el correcto uso de los recursos públicos destinados a sostenedores con y sin fines de lucro. A su turno, el Ministerio de Educación deberá acomodase a este nuevo esquema y, para ello, reorganizarse a fondo.
¿Estamos al final del camino, entonces, y sólo resta aprobar los proyectos de ley que materializarán este Acuerdo? Al contrario: recién comienza la etapa decisiva. Habrá que construir la nueva institucionalidad, dotar de personal y recursos a los organismos que ella crea, elegir cuidadosamente a sus autoridades y poner en marcha los procesos de cambio y adaptación de las escuelas, a fin de cuentas el factor esencial para el éxito de esta reforma. En esta fase deberá evitarse que la “letra chica” envuelva la nueva institucionalidad con un excesivo burocratismo, impidiendo a las escuelas innovar en el ejercicio de su autonomía. De ello dependerá el desenlace de este proceso: si acaso su implementación hace posible innovar en la sala de clases; si estimula a los docentes a elevar su desempeño y a los alumnos a aprender más.
Los cambios delineados en las bases del Acuerdo crean condiciones favorables para mejorar el rendimiento del sistema escolar, ganando en calidad y equidad. Pero esto sólo podrá lograrse si los colegios aumentan la efectividad de su trabajo, compensan las desigualdades de origen de sus estudiantes y les enseñen conforme a estándares exigentes. La nueva institucionalidad proporciona el marco para alcanzar estos objetivos. Al mismo tiempo, impone nuevas responsabilidades a los actores del sistema. El gobierno deberá destinar más recursos a la subvención y buscar consenso para avanzar en los asuntos pendientes. El Ministerio de Educación tendrá que reformarse desde dentro. Los sostenedores y directivos de escuelas habrán de asumir un mayor liderazgo. Los profesores y alumnos necesitarán poner de su parte más esfuerzo. Sólo así este auspicioso Acuerdo podrá dar de sí lo que el país espera de él.
José Joaquín Brunner
Universidad Diego Portales, ex Ministro de Estado
Recursos asociados
Acuerdo educacional: ahora sí, 14 noviembre 2007
Acuerdo educacional: ¿sí o no?, 14 noviembre 2007


¿Hacia dónde va el Colegio de Profesores?

logo_mercurio5.gif Columna de opinión publicada en la página Educación del diario El Mercurio, domingo 21 octubre 2007. A continuación el texto.
¿Hacia dónde va el Colegio de Profesores?
José Joaquín Brunner
A los problemas de representatividad, legitimidad e independencia que tiene la organización, ahora se suma el de su propia institucionalidad, cuestionada por su máxima autoridad.
De acuerdo a la estadística oficial, trabajan en el sistema escolar alrededor de 170 mil profesores; el 70% son mujeres. El Colegio de Profesores, en tanto, reúne 73 mil miembros; el 43% de los profesores en servicio.
En la reciente elección de dirigentes del magisterio participó menos de la mitad de los inscritos en el Colegio; el 47%. La lista ganadora obtuvo algo más de 9 mil votos; es decir, reunió las preferencias del 13% de los profesores del gremio y algo menos del 6% del total de docentes que laboran en los colegios a lo largo del país.
Por lo pronto, entonces, el Colegio y su nuevo presidente enfrentan un serio problema de representatividad. Su base es estrecha. A esto se agrega la baja participación de mujeres profesoras en la conducción gremial. De las ocho listas competidoras, sólo una fue encabezada por una mujer.
A los déficits de representatividad señalados se une el hecho de que la candidatura ganadora se identifica fuertemente con el Partido Comunista, que lleva sobre sí el peso de una larga tradición de interferencia con las organizaciones sindicales y gremiales. Hasta aquí el Colegio de Profesores había logrado sortear este escollo y el riesgo de quedar subordinado a estrategias impuestas desde fuera a sus organismos de conducción.
A pesar de la débil legitimidad que otorga una representatividad así limitada, el presidente recién elegido ha anunciado un programa extremo. Por un lado, ha llamado a los profesores a no cumplir con el mandato legal que los obliga a evaluarse periódicamente. Por el otro, ha notificado al Gobierno de su intención de presionar para que se reinstale la mesa de negociación con el Colegio, desconociendo los compromisos firmados por su antecesor.
De modo que a los problemas de representatividad, legitimidad e independencia, se suma ahora el de la propia institucionalidad del Colegio, cuya continuidad aparece puesta en tela de juicio por su máxima autoridad.
Resta todavía lo más importante. Cual es, conocer la disposición de la nueva dirigencia del Colegio de Profesores frente al laborioso proceso de acuerdos en que se hallan empeñados el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación y la oposición.
¿Qué voluntad tiene la cúpula del magisterio de contribuir a este acuerdo en torno a la Ley General de Educación, la ley que crea un sistema de aseguramiento de la calidad o superintendencia y la ley que establece una subvención preferencial para los alumnos de menores recursos?
¿Y en torno a asuntos más generales como la modernización del sector municipal de la educación, la reforma del Mineduc y la necesaria flexibilización del estatuto docente?
Mientras no den a conocer sus propuestas de fondo, los nuevos dirigentes permanecerán atrapados en las querellas de representatividad. Y serán juzgados por sus declaraciones iniciales, ninguna de las cuales favorece un clima de acuerdos.
© El Mercurio S.A.P
Recursos asociados
¿Qué hacer con más recursos para el sistema escolar?, 7 octubre 2007
Una propuesta para el Bicentenariom 26 agosto 2007
Liceos de excelencia: ¿Sí o No?, 24 agosto 2007
Hacia un acuerdo en educación, 6 agosto 2007
Conciliar posiciones es la etapa que viene, 5 agosto 2007
La discusión sobre el pago por mérito a los profesores en los Estados Unidos, 28 julio 2007
Estándares educacionales, 24 junio 2007
La reforma al sistema escolar: aportes para el debate, 15 mayo 2007, libro con artículos en torno a los temas de la nueva Ley General de Educación que se discute en el Parlamento, con contribuciones de Mariana Aylwin, Harald Beyer, José Joaquín Brunner, Abelardo Castro, Cristián Cox, Loreto Fontaine, Jorge Manzi, Alejandra Mizala, Claudio Orrego y Carlos Peña.